La Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506), sancionada en 2019, es un marco legal que promueve las actividades económicas basadas en el conocimiento, la innovación y la digitalización en Argentina. ¿El objetivo? fomentar sectores que utilizan intensivamente la ciencia y la tecnología para producir bienes, prestar servicios o mejorar procesos productivos que mejoren la competitividad y el ingreso al mercado internacional de las empresas nacionales.
Antecedentes de la LEC - Ley 27.506
Esta ley surge como una evolución de la Ley de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922), que desde 2004 había impulsado el desarrollo del sector tecnológico en Argentina, especialmente en empresas dedicadas a software. Sin embargo, con el avance de la economía digital y la diversificación de actividades basadas en el conocimiento, se optó por ampliar el alcance de los beneficios y contemplar nuevas industrias vinculadas a la biotecnología, nanotecnología, servicios profesionales, industria aeroespacial, audiovisual, entre otros.
Desde su sanción, la ley tuvo modificaciones sobre los beneficios y requisitos, como por ejemplo la de 2020, que perfeccionó aspectos técnicos y administrativos, y decretos posteriores que ampliaron el cupo fiscal y se enfocaron en mejorar la gestión del régimen para adaptarse al aumento de demandas de inscripciones.
¿Qué es y qué busca promover la Ley de Economía del Conocimiento?
Principalmente, busca incentivar actividades económicas que:
- Aplican el uso del conocimiento y la digitalización de la información.
- Se apoyan en avances científicos y tecnológicos.
- Generan bienes, servicios o mejoras en procesos productivos.
Esto incluye actividades como:
- Desarrollo, diseño, producción e implementación de software y servicios informáticos.
- Servicios profesionales de exportación (consultoría, diseño, publicidad, traducción, etc.).
- Biotecnología, nanotecnología y bioeconomía.
- Industria aeroespacial y satelital.
- Producción audiovisual y contenidos digitales.
- Investigación y desarrollo experimental.
- Automatización y robótica.
Como requisito, debe tratarse de personas jurídicas constituidas en Argentina o habilitadas para actuar en el país que cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y previsionales, y que tengan como actividad principal alguna de las promovidas.
Esta ley impulsa una serie de mejoras que pueden agruparse en cinco grandes áreas:
1. Mejora continua en calidad
Ya que exige que las empresas acrediten mejoras en la calidad de sus servicios, productos o procesos. Esto implica implementar sistemas de gestión que permitan medir, controlar y optimizar la calidad, buscando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Estas mejoras pueden ser demostradas mediante programas internos de mejora continua, certificaciones, auditorías, revisiones de procesos, capacitación, etc.
2. Capacitación y desarrollo del talento humano
La ley establece que las empresas deben invertir en la formación y capacitación de su personal, con porcentajes mínimos anuales sobre la masa salarial que varían según el tamaño de la empresa (1% para microempresas, 2% para pymes y 5% para grandes empresas).
Además, promueve la inclusión laboral de grupos subrepresentados como mujeres, jóvenes, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, permitiendo computar el doble de la inversión en capacitación cuando se contratan empleados de estos grupos.
3. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
La ley incentiva la creación de nuevos productos, servicios o procesos. Para este tipo de mejora, se exige que las erogaciones en I+D representen al menos el 3% de la facturación total para poder acceder al régimen.
4. Promoción de exportaciones
Para fortalecer la inserción internacional, la ley establece porcentajes mínimos de exportación de bienes o servicios vinculados a las actividades promovidas, que varían según el tamaño de la empresa (por ejemplo, 4% para microempresas, 10% para pymes y 13% para grandes empresas). En el caso de servicios profesionales, estos porcentajes son más elevados.
5. Profesionalización y adopción de estándares internacionales
Aunque no es un requisito obligatorio, se recomienda la implementación y certificación de normas como ISO 9001 e ISO 27001, que facilitan la auditoría del cumplimiento de la ley y mejoran la confianza frente a clientes nacionales e internacionales, especialmente en sectores tecnológicos y de servicios digitales.
Requisitos y beneficios
Las empresas deben:
- Estar constituidas o habilitadas para operar en Argentina.
- Desarrollar como actividad principal alguna de las actividades promovidas.
- Cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y previsionales.
- Acreditar al menos dos de los siguientes requisitos:
- Mejoras en la calidad de productos, servicios o procesos.
- Inversiones en I+D equivalentes al 3% de la facturación.
- Exportaciones de bienes o servicios según los porcentajes mínimos establecidos.
- Cumplir con la inversión mínima en capacitación de personal.
Una vez inscritas las empresas obtienen beneficios fiscales. Entre los más destacados:
- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%.
- Bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones patronales, con beneficios adicionales si se contratan doctores.
- Exenciones o reducciones en tasas de verificación y control.
El régimen tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 y está sujeto a controles y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos y la utilización de los beneficios.
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